13 feb. 2014

Utopía o proyecto

Por estos días La Habana, como es costumbre cada dos años en el mes de febrero, es sede de una de las más importantes convenciones de educación superior que se celebran en América Latina, el Congreso Internacional “Universidad” en el que se dan cita miles de profesores, investigadores, directivos y funcionarios de alto nivel en representación de los más diversos sectores de la educación superior en el continente latinoamericano, así como representantes de organizaciones e instituciones de Europa y otras regiones del mundo.

El Congreso Universidad 2014 tiene como tema central “Por una universidad socialmente responsable” y debatirá con fuerza el papel de las universidades en el desarrollo económico y social y su rol estratégico como vehículo de integración y fomento de alianzas internacionales.  Esta edición tiene la peculiaridad de realizarse a continuación de la reciente culminada cumbre de la CELAC que también tuvo lugar en la capital cubana y en la que a rezar por los documentos oficiales los temas de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación fueron ampliamente debatidos y reconocidos por los mandatarios de la región como una de las prioridades estratégicas para impulsar el desarrollo e integración de América Latina y el Caribe.

La Declaración de La Habana en su artículo 22 recoge la voluntad de impulsar programas regionales, subregionales, bilaterales y triangulares de cooperación al desarrollo y el Plan de Acción 2014 de la CELAC, que será coordinado por Costa Rica en su papel de presidencia pro tempore de la organización, incluye sendos capítulos dedicados a educación y a ciencia, tecnología e innovación en los que se delinean las actividades a llevar a cabo durante este año para avanzar en ambos sectores.

Hasta aquí todo parece encajar armónicamente, porque ambos documentos desde el punto de vista programático, recogen con precisión los postulados básicos de lo que se debe hacer a nivel regional para que la educación, la investigación científica y la innovación tecnológica se conviertan en verdaderos motores de una sociedad latinoamericana y caribeña más justa, equitativa, desarrollada e integrada desde un modelo de crecimiento económico sostenido por los pilares del conocimiento.

Lo que a mi entender no queda definido con precisión, a pesar de la referencia que se hace al tema de la canalización de los recursos para la agenda de desarrollo en el artículo 29 de la Declaración, es cómo se impulsarán todas estas iniciativas y en este punto es que me gustaría detenerme, porque estamos hablando de un macro proyecto en el que está en juego el futuro y los destinos de una región pletórica de potencialidades que por diferentes condicionantes no acaban de concretarse en toda su dimensión.

Por tanto, si abordamos este proceso desde la lógica de intervención de un proyecto de desarrollo, me gustaría recurrir al concepto que mejor tipifica esta situación y en el que podemos definir a un proyecto como una empresa planificada con un conjunto de actividades relacionadas para alcanzar un objetivo, para lo que se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y se dispone de un tiempo previamente determinado para su ejecución, siendo la clave de su dinámica la transformación de una situación problemática y el avanzar a un estadio superior de desarrollo. Esta definición funciona para cualquier tipo de proyectos desde pequeñas intervenciones hasta proyectos estratégicos en los que resulta necesario canalizar grandes recursos. En la medida que el proyecto tiene mayores dimensiones será siempre más importante y decisivo para la materialización exitosa de sus resultados que se garanticen los recursos indispensables para su ejecución.

Por tanto, cuando se proyecta a gran escala la necesidad de fomentar el desarrollo regional en educación, ciencia, tecnología e innovación es menester un pacto de los gobiernos de América Latina y el Caribe para canalizar recursos que permitan poner en marcha programas e iniciativas regionales que impulsen la calidad de la educación superior y la ciencia que se hace en la región. Por consiguiente, no basta con que los mandatarios refrenden y den su apoyo político a las acciones que puedan ser canalizadas por las organizaciones vinculadas a estos sectores, estas necesitan de ingentes recursos para poder acometer con éxito su misión y objetivos.

En América Latina y el Caribe existen, interactúan, colaboran y a veces hasta compiten o se solapan en sus funciones decenas de organizaciones vinculadas a la educación superior que actúan a nivel nacional, subregional o regional. En un esfuerzo de integración a tono con el proceso que se impulsa en diferentes ámbitos a escala regional se creó el pasado mes de noviembre en la ciudad brasileña de Belo Horizonte la Asociación de Consejos de Rectores de Universidades de América Latina y el Caribe (ACRU-LAC), que en la práctica actuará como una asociación de asociaciones con un mandato y alcance regional, ayudando a articular y uniformar políticas y estrategias en toda la región. Resulta positivo que los Jefes de Estado y Gobierno en el Plan de Acción de la CELAC para 2014 hayan abiertamente saludado su creación y apoyado las acciones que deberán acometer para impulsar acciones de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores en el espacio latinoamericano y caribeño, o el trabajo que deberán desarrollar para que la homologación, el reconocimiento de titulaciones y los problemas de evaluación de calidad y acreditación de carreras, especialidades e instituciones deje de ser una limitante para convertirse en una plataforma que facilite la internacionalización de la educación superior tanto dentro de la región como en los proyectos que se lleven a cabo con instituciones de otras regiones con las que resulta esencial colaborar.

Si instituciones como ACRU-LAC o iniciativas como el Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) no son dotadas de los recursos necesarios para poner en marcha los programas, proyectos y acciones que la región demanda, el impacto de su actividad será minimizado y se reducirán a organizaciones o iniciativas consultivas y formuladoras de políticas y recomendaciones que en la práctica costarán mucho trabajo implementar porque no se dispondrá de los medios para ponerlas en marcha.

Como he defendido en anteriores ocasiones, América Latina y el Caribe necesita de manera impostergable de la existencia de sus propios programas regionales para el fomento de proyectos conjuntos de índole académica y científica, programas de excelencia con una adecuada financiación que pongan en contacto a lo mejor del conocimiento que existe en la región, que generen y refuercen el sentido de pertenencia a la comunidad académica y científica latinoamericana y que multipliquen exponencialmente el limitado intercambio académico y científico que hoy se constata.

Sinceramente, pienso que ese es el camino para construir una verdadera integración regional y comenzar a proyectar de manera orgánica una intervención más eficaz de las instituciones regionales de educación superior en el contexto internacional. De ese esfuerzo concertado de los estados y gobiernos de la región por dotar a estas instancias de los recursos financieros necesarios para su operatividad dependerá en alto grado que el proyecto integrador que en el contexto de la CELAC se quiere emprender conduzca a la vuelta de unos años a una región más equitativa, desarrollada e independiente. La región está en mejores condiciones que nunca para asumir ese compromiso e invertir de manera planificada en su desarrollo. En ello estriba el abismo entre el sueño utópico de un bloque regional integrado y fuerte y un proyecto de desarrollo regional coherente de apuesta en el futuro.

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